Sumar propone blindar la propiedad de videojuegos físicos en México

El grupo parlamentario Sumar ha presentado formalmente una propuesta legislativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de garantizar la permanencia del formato físico en la industria de los videojuegos. Esta iniciativa busca que los consumidores mexicanos mantengan su estatus como propietarios plenos de los bienes que adquieren, limitando las restricciones impuestas por las plataformas de distribución exclusivamente digital y los modelos de suscripción que han ganado terreno en el mercado nacional.

La propuesta argumenta que, al adquirir un título en formato digital, los usuarios enfrentan la incertidumbre de perder el acceso a sus bibliotecas si los servidores de las compañías son desactivados o si las licencias cambian de términos. Ante este panorama, los proponentes sugieren que el Estado debe intervenir para asegurar que el formato físico se mantenga como una alternativa viable, evitando que la industria imponga de manera unilateral el acceso condicionado a los contenidos culturales y de entretenimiento.

Dentro de los puntos clave del documento, se plantea que las autoridades competentes, en colaboración con las instancias de protección al consumidor, establezcan mecanismos para que los videojuegos adquiridos en soporte físico conserven su funcionalidad básica a largo plazo. Se busca, esencialmente, que el usuario tenga la certeza de que su compra no depende exclusivamente de una conexión constante a internet o de la vigencia de un contrato de servicios en la nube.

El equipo de trabajo de Sumar sostiene que esta medida es fundamental para la preservación del patrimonio digital y la protección de los derechos de los jugadores. La intención es abrir un diálogo con los sectores involucrados en la industria tecnológica y de comercio en México, con el fin de equilibrar las prácticas empresariales con las garantías de propiedad privada y los derechos de acceso a la cultura digital que corresponden a los consumidores.

Por último, la propuesta subraya la necesidad de revisar las regulaciones actuales en materia de comercio electrónico para evitar prácticas que pudieran considerarse abusivas o limitantes para el mercado secundario. El debate se trasladará ahora a las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, donde se evaluará la viabilidad de implementar estas protecciones en el marco legal vigente de nuestro país.