Segob propone destinar 119.8 millones para defensa jurídica y migración en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó formalmente la propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, la cual incluye un incremento significativo en áreas prioritarias para la administración federal. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla una partida específica de 119.8 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la defensa jurídica, la gestión de asuntos migratorios y la promoción de la cultura testamentaria en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara de Diputados, este aumento en los recursos busca robustecer la capacidad operativa de las unidades encargadas de brindar asesoría legal a sectores vulnerables. La propuesta enfatiza la necesidad de ampliar el alcance de las jornadas de asistencia técnica y jurídica, permitiendo que un mayor número de ciudadanos acceda a la regularización de sus bienes y a la protección de sus derechos fundamentales.

En lo que respecta al área migratoria, el proyecto subraya la importancia de optimizar los mecanismos de atención en las oficinas de representación estatal. La Segob argumenta que el incremento presupuestal es indispensable para atender los retos actuales en materia de movilidad humana, buscando siempre garantizar el respeto a los derechos humanos y la agilidad en los trámites administrativos bajo un enfoque de protección integral.

El componente de cultura testamentaria también recibirá un impulso notable dentro de esta asignación. A través de convenios de colaboración con los colegios de notarios públicos en las diversas entidades federativas, la dependencia busca reducir los costos de este servicio durante las campañas anuales, facilitando así la certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias mexicanas en el corto y mediano plazo.

Finalmente, la propuesta presupuestal queda ahora bajo el análisis y discusión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberán revisar la viabilidad de estos fondos antes de proceder a la votación final del PEF 2027, proceso que debe concluir en los plazos legales establecidos para asegurar el funcionamiento de las instituciones públicas durante el próximo año.