PAN cuestiona falta de respuesta ante solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa

Dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional expresaron este sábado su inconformidad ante el silencio del Senado de la República respecto a la solicitud formal de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La petición, presentada por la bancada opositora, buscaba una intervención institucional a raíz de la crisis de seguridad y gobernabilidad que enfrenta la entidad y que se intensificó tras el reciente retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura.

Los integrantes de la oposición argumentaron que la situación en Sinaloa requiere una revisión profunda por parte de las autoridades federales y del Poder Legislativo. Según el posicionamiento del partido, la ausencia de una respuesta clara por parte de la Cámara Alta ignora las preocupaciones ciudadanas sobre el ejercicio del poder público y la estabilidad de las instituciones locales en un momento crítico para la entidad.

Por su parte, los legisladores del PAN han reiterado que la desaparición de poderes es una herramienta constitucional que debe ser analizada con seriedad cuando se presentan condiciones de ingobernabilidad o ruptura del orden democrático. Aseguraron que su insistencia en el tema no es un acto político aislado, sino una exigencia para que se garantice el respeto al marco legal en todas las entidades federativas del país.

Hasta el momento, la Junta de Coordinación Política del Senado no ha emitido un pronunciamiento oficial que atienda directamente los términos de la solicitud presentada. Mientras tanto, en Sinaloa, las actividades institucionales continúan bajo la administración de Rocha Moya, manteniendo el debate abierto sobre la legitimidad y la eficacia de las medidas adoptadas para contener la violencia que aqueja a la región.

El PAN ha señalado que mantendrá la presión legislativa para que el tema sea discutido en el pleno, buscando que se realicen las evaluaciones necesarias sobre el desempeño del gobierno estatal. La postura de la oposición subraya una creciente división política en el Congreso de la Unión sobre el manejo de la crisis en los estados donde la seguridad pública se ha visto gravemente comprometida en los últimos meses.