Gobierno mexicano analiza reforma para acelerar procesos de expulsión migratoria

El Gobierno de la República trabaja en una propuesta integral para modificar los protocolos de repatriación de personas migrantes, con el objetivo de reducir los tiempos legales que actualmente alcanzan las doce semanas. Esta iniciativa, coordinada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca agilizar la gestión administrativa de los expedientes que se encuentran bajo revisión en las instancias migratorias del país.

Como parte de esta estrategia, las autoridades federales han iniciado mesas de trabajo con las autoridades del estado de Ceuta para habilitar plazas de alojamiento temporal. El plan contempla la creación de espacios adecuados para brindar atención inmediata a cerca de 3,500 personas migrantes que, ante la saturación de los centros de asistencia social, han permanecido pernoctando en la vía pública durante las últimas semanas.

Desde la administración federal, el equipo de comunicación ha señalado que estas medidas responden a una necesidad de garantizar condiciones de seguridad y dignidad humana, tanto para los migrantes como para las poblaciones locales. Se enfatizó que el propósito es evitar situaciones de precariedad extrema y mejorar la capacidad de respuesta institucional ante los flujos migratorios constantes que atraviesan diversas regiones del territorio nacional.

La propuesta de reforma también contempla una revisión de los mecanismos de coordinación con la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad para asegurar un trato apegado a los derechos humanos durante los procesos de traslado. Hasta el momento, el proyecto se encuentra en fase de análisis técnico y negociación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asegurar la viabilidad de los nuevos albergues.

Finalmente, el Gobierno Federal ha subrayado que cualquier cambio en la legislación migratoria deberá pasar por el debido proceso de revisión en el Congreso de la Unión. Legisladores de diversas bancadas han manifestado su disposición para debatir la iniciativa, bajo la premisa de equilibrar la seguridad nacional con los tratados internacionales suscritos por México en materia de movilidad humana.