Fiscalía de Michoacán solicita teléfonos de Carlos Manzo a alcaldesa Grecia Quiroz

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha solicitado formalmente a la presidenta municipal, Grecia Quiroz, la entrega de los dispositivos móviles pertenecientes al diputado Carlos Manzo. La petición tiene como objetivo central someter los aparatos a un análisis pericial especializado para fortalecer las investigaciones que actualmente desarrolla la dependencia en la entidad.

Esta solicitud se enmarca en las diligencias judiciales que la Fiscalía michoacana lleva a cabo sobre diversos asuntos de interés público. Según fuentes cercanas a la institución, el requerimiento busca obtener información técnica que podría ser relevante para las carpetas de investigación abiertas, cumpliendo con los protocolos de cadena de custodia y legalidad exigidos por el sistema penal mexicano.

Por su parte, el equipo de comunicación de la alcaldía ha señalado que se encuentran revisando los términos legales de la solicitud recibida por parte de la autoridad ministerial. La administración municipal ha manifestado su disposición a colaborar con las instituciones de justicia, siempre que se garantice el estricto apego al debido proceso y a las facultades constitucionales de cada instancia gubernamental.

El caso ha generado atención en el ámbito político local, dado que involucra a dos figuras públicas de relevancia en la región. Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán mantiene el hermetismo habitual en estos procedimientos, evitando emitir detalles sobre el contenido específico que se busca extraer de los dispositivos o los delitos que potencialmente se investigan.

Se espera que en los próximos días se defina el curso de esta solicitud y si la presidenta municipal procederá con la entrega de los equipos electrónicos. Los especialistas en derecho penal consultados coinciden en que este tipo de requerimientos forman parte de la etapa de investigación complementaria, donde la cooperación institucional es fundamental para esclarecer hechos ante las autoridades judiciales correspondientes.