Edición Nº 9912
El Tintero

Opinión y reporteo de la vida nacional.

México

Federico Berrueto advierte sobre la erosión del estado de derecho en México

El analista político Federico Berrueto señala que la permanencia de figuras políticas en cargos públicos, a pesar de cuestionamientos judiciales, refleja una crisis en la legalidad institucional.

Redacción El Tintero
Foto: sdpnoticias.com

El analista político Federico Berrueto ha señalado recientemente que la continuidad de Rubén Rocha en su cargo de gobernador refleja una preocupante descomposición en el tejido institucional del país. Según el especialista, esta situación es posible debido a la ausencia de un sentido estricto de la legalidad, donde los procesos judiciales son percibidos como herramientas maleables sujetas a conveniencias políticas más que a mandatos constitucionales.

Berrueto argumenta que la percepción pública de que cualquier procedimiento legal carece de firmeza es un síntoma de una erosión democrática más profunda. Esta postura sostiene que, al normalizarse la falta de consecuencias ante señalamientos graves, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia, como la Fiscalía General de la República y los órganos judiciales federales.

El análisis subraya que el fenómeno no es aislado, sino que forma parte de una tendencia donde los actores políticos actúan bajo la premisa de que las normas son relativas. Esta visión, según el consultor, permite que figuras cuestionadas mantengan su influencia y poder administrativo sin que los mecanismos de control y rendición de cuentas logren establecer una pausa o sanción efectiva en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, se destaca que la estabilidad política no debe confundirse con la impunidad. Para Berrueto, la recuperación de la legitimidad estatal pasa necesariamente por el fortalecimiento de la división de poderes y por el respeto irrestricto a los tiempos y resoluciones judiciales, evitando que las decisiones administrativas se conviertan en mecanismos de protección política frente a la opinión pública y los organismos fiscalizadores.

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