Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Un grupo de ciudadanos y familias afectadas por las irregularidades detectadas en el crematorio Plenitud en Chihuahua se manifestó este jueves para exigir una disculpa pública por parte de la gobernadora Maru Campos Galván. Los manifestantes sostienen que la falta de supervisión adecuada y las fallas en los protocolos sanitarios durante los servicios funerarios causaron un daño moral irreparable a los deudos que confiaron en dicho establecimiento.

La petición, presentada formalmente ante las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo estatal, subraya la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad institucional frente a las omisiones administrativas. Los representantes de los afectados argumentaron que el Estado tiene la obligación de garantizar que las funerarias y crematorios operen bajo estrictos estándares de legalidad y respeto a la dignidad humana, algo que aseguran no ocurrió en este caso particular.

Desde el equipo de atención ciudadana del Gobierno de Chihuahua, se informó que las demandas están siendo analizadas por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Salud estatal. Las autoridades estatales han reiterado que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado continúan su curso legal para determinar las responsabilidades penales de los propietarios y el personal involucrado en las operaciones del recinto.

Los afectados han propuesto que, además de la disculpa pública, se establezca una mesa de diálogo permanente con las autoridades para mejorar los mecanismos de inspección y vigilancia en el sector funerario de la entidad. El objetivo, según señalaron, es evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan y garantizar que los servicios de inhumación y cremación cuenten con una supervisión rigurosa por parte de la autoridad sanitaria.

Por el momento, el proceso administrativo contra los responsables sigue abierto en las instancias de justicia local. Mientras tanto, los familiares mantienen su postura de exigir una reparación del daño que trascienda las sanciones económicas, priorizando el reconocimiento oficial de las fallas en la vigilancia estatal que permitieron las irregularidades denunciadas durante los últimos meses.