AEPD propone multa de 5.000 euros a medio por publicar datos policiales
La autoridad de protección de datos ha propuesto una sanción económica contra el medio El Salto tras la difusión de información sobre infiltración policial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción de 5.000 euros contra el medio de comunicación El Salto. Esta medida surge tras la publicación de reportajes que detallaban operaciones de infiltración de agentes policiales dentro de diversos movimientos sociales, un hecho que la autoridad considera una vulneración de la normativa vigente sobre la protección de datos personales.
El expediente contra el medio forma parte de una serie de acciones regulatorias que han afectado a diversas plataformas informativas en los últimos meses. Con esta nueva propuesta, el acumulado de sanciones económicas en expedientes similares ya supera los 30.000 euros, marcando una tendencia de mayor vigilancia sobre el manejo de información sensible relacionada con operativos de seguridad pública.
La postura de la AEPD se centra en la protección de la identidad de los funcionarios públicos que realizan labores de inteligencia bajo cobertura. Según el organismo, la exposición pública de estos datos compromete tanto la integridad física de los agentes como la viabilidad de las investigaciones en curso, lo que justifica la apertura de procesos sancionadores para desincentivar la divulgación de identidades protegidas.
Por su parte, el equipo editorial del medio ha expresado que la labor periodística se enfocó en documentar posibles irregularidades en el actuar de los cuerpos de seguridad. Argumentan que el ejercicio del derecho a la información es fundamental para la transparencia democrática y que la identificación de los agentes fue un recurso necesario para sostener la veracidad de su investigación sobre la infiltración en colectivos civiles.
Este caso ha reabierto el debate sobre los límites entre el derecho a la información y la seguridad de los agentes operativos. Mientras el proceso administrativo sigue su curso legal, expertos en libertad de expresión señalan que este tipo de multas podrían sentar un precedente sobre cómo los medios de comunicación abordan temas de seguridad nacional y vigilancia ciudadana en el futuro próximo.
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